Imaginen que su empresa de repente les prohíbe emborracharse en su vida personal. Nada más lejos de la realidad. Esta es solo una de las reformas que recoge el nuevo reglamento de organización y funcionamiento de la Policía Local de Santa Cruz, aprobado por el Pleno municipal.

La nueva normativa ha creado una polémica inmediata entre los profesionales del sector, que alegan haber visto vulnerados sus derechos y consideran desmesuradas algunas de las medidas adoptadas.

A partir de ahora, los miembros de la Policía Local de Santa Cruz están obligados a saludar al estilo militar, tanto a sus superiores jerárquicos como a todas las autoridades. Cuando se dirijan a ellos, deberán utilizar la expresión “a sus órdenes”. Tampoco podrán emborracharse fuera de servicio cuando sea de carácter habitual, es decir, no más de tres veces en el periodo de un año. Medida que a saber cómo piensan controlar…

Además, queda prohibido el uso de colgantes, piercings y tatuajes visibles; en caso de tenerlos antes de haber entrado en vigor la normativa, mientras estén de servicio deberán estar cubiertos con mallas, medias, maquillaje u otro elemento que no resulte llamativo. Va a ser interesante ver cómo solucionan esto varios agentes en época de verano, cuyas temperaturas en el centro de la ciudad pueden llegar a superar los 40 grados.

Por otro lado, el cabello del personal femenino, en ningún caso podrá teñirse de colores estridentes ni con formas indiscretas, y cuando sobrepase de los hombros, deberá ir siempre recogido. Asimismo, los hombres no podrán llevar bigote ni barbas sin previa autorización de sus superiores y aun siendo así, nunca podrán superar los dos centímetros de longitud.

Los sindicatos con representación en ella, ASIPAL, CSI-F, CCOO y UGT, han expresado su descontento y anunciaron medidas contra un documento que pretende "militarizar" el cuerpo. Aseguran que “el reglamento no ha sido negociado con las organizaciones sindicales, requisito indispensable para su aprobación, ya que modifica las condiciones laborales".

 

Según el abogado experto en Derecho Laboral, Francisco Alonso, del despacho Alonso & Baez, “la regulación de aspectos estéticos en cuerpos de policía es algo que viene dándose habitualmente en la mayoría de cuerpos, tanto nacional, como local o autonómico. Sin irnos muy lejos, la propia Policía Local de Santa Úrsula establece la prohibición de colgantes, la obligatoriedad de que las agentes lleven el pelo recogido si su longitud es por debajo de los hombros o que los agentes masculinos puedan llevar barba que no sobrepase los dos centímetros de longitud. Esto es algo habitual, normal y que se incluye dentro de las normas básicas de uniformidad y decoro”.

Además, considera que “el Ayuntamiento puede establecer las normas de uniformidad que considere oportunas y, con ellas, las de decoro en su forma de llevarlo. Hay actividades en las que debe existir una mínima corrección o pulcritud indumentaria conforme a unas reglas de trato social comúnmente admitidas. De hecho, tal es así, que se establece incluso la obligación de ir correctamente peinado”.

Sobre el nuevo saludo militar y entonando un“a sus órdenes”, el letrado considera en este caso que “se trata solo de una norma de respeto hacia quien es el superior jerárquico del agente. Extender el uso de ese saludo al resto de cargos políticos ajenos al Ayuntamiento podría interpretarse como el establecimiento de una norma de cortesía o protocolo. Quizás hubiese sido deseable que esa misma norma, más en los tiempos en los que vivimos, se extendiese a su uso hacia cualquier vecino, a los efectos de mantener ese mismo protocolo”. 

Respecto a la vulneración de los derechos fundamentales y de la ley del estatuto básico del empleado público que nombran los sindicatos, opina que “no establece más que el derecho de cada empleado público (dentro de los cuales se incluye a la policía local, claro) a que se respete su propia imagen, si bien considera que eso no significa que "propia imagen" deba entenderse como aquella que quiere proyectar el sujeto hacia el exterior (su aspecto físico). Este tipo de normas no vulneran la ley ni tampoco representa discriminación alguna (lo sería, en todo caso, si le impidiese acceder al trabajo público, o a su derecho a promocionar)”.

Por último, Alonso nos comenta que “la fijación de la imagen del funcionario (en este caso de policía) corresponde al Ayuntamiento siempre que éste no exceda sus exigencias, y esos límites deben ponerse en el honor y dignidad del funcionario. Por lo tanto, no considero que las imposiciones del reglamento (al menos las que más polvareda mediática han levantado) supongan ataque ninguno contra esos derechos fundamentales”